El Principado de Asturias ha publicado las bases reguladoras de la primera línea de subvenciones financiada por el Fondo de Transición Justa. Con un presupuesto inicial de 40 millones de euros, esta línea de ayudas proporcionará respaldo económico a empresas y pymes asturianas en inversiones relacionadas con la cadena de valor de las energías renovables. Las convocatorias reguladas por estas bases se publicarán en las próximas semanas.
El Fondo de Transición Justa es la principal herramienta impulsada por la Unión Europea para apoyar el proceso de descarbonización de la economía en regiones especialmente afectadas por la transición energética. Se trata de la primera línea específica de subvenciones acogida al Fondo de Transición Justa que sale a información pública en España, y la primera que está diseñada de acuerdo con los parámetros revisados en 2023 del Marco Temporal de Ayudas de Estado aprobado por la Unión Europea a raíz de la agresión rusa contra Ucrania.
Esta primera convocatoria, junto a las que se sucederán en los próximos meses, suponen una oportunidad para la transformación del tejido industrial de Asturias y la mejora de la competitividad de las empresas, al tiempo que contribuirán a mitigar los efectos del cambio climático.
Proyectos de descarbonización
A estas ayudas podrán acogerse proyectos de inversión relacionados con la fabricación de equipos y componentes estratégicos para la transición hacia una economía más verde. Concretamente, se financiarán la producción de equipos que promuevan la transición hacia una economía de cero emisiones netas, como paneles solares, baterías, turbinas eólicas, bombas de calor, electrolizadores y equipos de captura, almacenamiento y utilización de CO2; la producción de componentes esenciales diseñados y utilizados principalmente como insumo directo para la producción de los equipos antes mencionados; y la producción o recuperación de las materias primas fundamentales necesarias para la producción de los equipos y componentes señalados anteriormente.
La selección de los proyectos se basará en criterios de empleo, medioambientales o climáticos y de impacto socioeconómico sobre el territorio, así como en aspectos relacionados con la madurez y la viabilidad técnica y económica de las actuaciones. Las grandes empresas podrán recibir una ayuda máxima de hasta el 20% de la inversión realizada. Además, dado que la Comisión Europea ha aceptado la petición del criterio de flexibilidad, las inversiones ya no deberán estar ejecutadas en 2026. El periodo para presentar alegaciones es de diez días.